De la premisa a la primicia: Mecanismos del Sur Global para implementar la UNSCR 1325 en Defensa y Seguridad
La bajada a la arena institucional para aplicar la UNSCR 1325 e implementar una agenda de mujer, paz y seguridad (MPS) ha llevado a muchos de los países del Sur Global a redefinir una buena parte del espíritu sus organizaciones internas. Ello ha requerido de una mirada innovadora y más acorde a los tiempos actuales de lo que se hubiera podido imaginar hasta hace un tiempo atrás.
La base donde se sustentan las innovaciones actuales, tiene que ver con existencia de marcos normativos sensibles a los temas de género y la presencia de instituciones creadas para tal fin dentro de las propias estructuras estatales desde hace varias décadas. El funcionamiento ininterrumpido de comisiones legislativas abocadas al tema han sido una piedra angular en el impulso de leyes y reformas orientadas a garantizar la igualdad y la equidad a favor de las mujeres. Muchas de las instituciones encargadas de llevar adelante la agenda y de brindar protección, son de larga data dentro del Sur Global: por ejemplo, en LATAM el primer antecedente es de 1987 con el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer en Uruguay, y en los países de MENA en 1992 con la Comisión Nacional de la Mujer en Jordania.[1]
En este marco, al día de hoy, en la región conviven diversas acciones que protegen a las mujeres. Los llamados protocolos de atención, por ejemplo, reúnen distintas iniciativas y traducen a la práctica las políticas existentes en materia de prevención, contención y asistencia, especialmente para las víctimas de la violencia de género. Un ejemplo reciente, es el caso de República Dominicana, país que creó en 2023 un Asistente Virtual para ofrecer orientación 24hs y proporcionar información sobre los servicios de asistencia disponibles. En Pakistán, la policía creó el Tahaffuz Markaz, un centro especial de refugio y protección, y la institución es bien reconocida por su trabajo.[2]
Las últimas décadas han sido testigo de cómo los países también avanzaron en el entendimiento acerca del acoso sexual en el ámbito laboral, reconociendo su vinculación con las aristas culturales, políticas, económicas y sociales de sus propias estructuras organizacionales. En Colombia, por ejemplo, se reconoce que el acoso puede manifestarse como maltrato, persecución, discriminación o entorpecimiento laboral.[3] Ecuador, recientemente, estableció nuevas definiciones y modalidades para la violencia laboral, ampliando la protección incluso a ex trabajadores.[4] En materia de administración de justicia y aplicación de penas, la gran mayoría de los países han actualizado sus respectivos códigos penales: en Perú, por ejemplo, se incrementaron las sanciones para los agresores; al igual que en Brasil donde las violaciones colectivas constituyen agravantes del delito.[5] Hablando de los países asiáticos, la India por su parte también incorporó el voyeurism y el estalkeo como delitos penales.[6]
Por otro lado, algo relativamente reciente, constituye el interés que han despertado las dinámicas internas que propician la violencia a pesar de los marcos legales y jurídicos vigentes. El desarrollo de metodologías aplicadas a los registros de casos, a la sistematización de datos y al análisis de tendencias, configuran algunas de las políticas en marcha. En LATAM, países como Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay se encuentran en este camino.[7]
En términos genéricos, los ejemplos citados, constituyen iniciativas que vienen desarrollando los países del Sur Global y que podrían ser compartidas como buenas prácticas de los recorridos institucionales. El desafío que permanece continuamente a la vista es lograr dar con herramientas que faciliten pensar y ejecutar respuestas multidimensionales en condiciones cada vez más desafiantes. Elegir optar por una mirada que sea amable con las dinámicas organizacionales, culturales y de poder presentes en sus sociedades y en sus instituciones, permite advertir que, a pesar de los desafíos persistentes, prácticamente toda la región cuenta con avances tangibles en materia de igualdad de género. La revisión y puesta a punto sobre la eficiencia y efectividad de lo implementado hasta el momento es un interrogante que asoma, pero en donde la mayoría de los países considera necesario avanzar.
En este sentido, la existencia de un terreno que ya viene siendo abonado con respecto a la transversalización de la perspectiva de género en las políticas internas, propicia la reflexión acerca de las condiciones que promueven de manera sostenible la agenda de MPS al interior de las instituciones de seguridad y defensa de los países pertenecientes al Sur Global.
Con lo dicho hasta aquí y a 25 años de la UNSCR 1325, estas instituciones no han sido inmunes a la incorporación de sus premisas puertas adentro. Aquí, pueden ser identificados al menos tres puntos de entrada que ha tenido (y tiene) en ellas la agenda de MPS. La primera, son las políticas nacionales mas amplias en materia de igualdad y equidad de género, las cuales, gracias a los impulsos políticos y culturales, derraman en las fuerzas militares y policiales. La segunda, es la existencia de determinados sucesos extremadamente violentos hacia las mujeres con una fuerte condena social, y que cuando se suceden dentro de las filas militares y policiales cuestionan radicalmente las prácticas permisivas o demodé que operan al interior de las instituciones. Y la tercera, es la necesidad de sostenerse al compás de las demandas internacionales en materia del despliegue del personal (especialmente de mujeres) en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.
Estos múltiples canales de acceso permiten asegurar hoy en día, que a pesar de los vaivenes temporales que puedan surgir dentro de la política doméstica, persiste una voluntad de las cúpulas militares y policiales en asumir un rol proactivo en materia género. O tal vez, la cuestión solo tenga que ver en definitiva con la búsqueda constante de mejorar la operatividad del instrumento militar y policial haciendo foco en la integración, desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos incluyendo la necesidad de dar respuesta ante ciertos desafíos, como el que puede representar el acoso sexual dentro de sus filas. Ya sea ambas, una u otra(s) miradas, se entiende que ello se da en un contexto de creciente complejidad interna y externa; es decir: hacer cada vez más tareas con cada vez menos recursos.
A pesar de que los contextos así lo configuren, el compromiso con la agenda de la paz y seguridad internacional, con especial énfasis en la participación y empoderamiento de las mujeres es real. Una serie de iniciativas que se vienen consolidando en los últimos años pueden ser consideradas como semillas originarias de las buenas prácticas que resaltan en el Sur Global. Las más destacadas son:
La creación de Direcciones de género dentro de las estructuras de defensa y seguridad. Ellas constituyen instancias de asesoramiento a la conducción superior, con el objetivo de avanzar en políticas institucionales en favor de la mujer, identificando barreras y obstáculos para su permanencia e inclusión. Conocidos como consejos, comisiones o comités de género, están integrados por mujeres y varones uniformados, funcionarios, asesores públicos y miembros provenientes de la sociedad civil y academia. En República Dominicana por ejemplo se llama Dirección General de Equidad de Género y Desarrollo de las Fuerzas Armadas; en Pakistán la Rama de Asuntos de Género y está integrada por Puntos Focales con grado de brigadier o equivalente los cuales reportan directamente al Ministro de Defensa. También están presentes desde hace varios años en Argentina, Brasil, Bolivia y en Perú, entre otros.
La aprobación de Políticas de promoción y liderazgo femenino. De la mano de lo anterior, muchas fuerzas implementaron políticas para incentivar el reclutamiento, la profesionalización y la permanencia de las mujeres en sus filas. En 2024 Guatemala estableció la Política de la Mujer Militar apuntada a fortalecer la educación, la conciliación de la vida profesional con la familiar y su liderazgo en el ejército. Las Fuerzas Armadas de Jordania también establecieron una Estrategia de Género la cual pretende crear y asegurar una sólida supervisión interna y externa de los resultados de su transversalización.[8]
La Capacitación y Sensibilización sobre igualdad de género, prevención del acoso sexual, conducta y disciplina, es algo que se encuentra presente prácticamente en todas las fuerzas. Unos lo encaran desde bien temprano durante la etapa de formación de los oficiales y suboficiales, como en las academias militares brasileñas que desde 2018 tienen cursos sobre derechos humanos y equidad de género; u en Argentina donde desde 2019 se imparte una formación en género obligatoria para todo el funcionariado público, incluyendo al personal de fuerzas militares y policiales. Otras instituciones organizan campañas de sensibilización dentro de las unidades militares; y algunos dan los cursos diseñados por la ONU en los contingentes desplegados internacionalmente. Si bien este tipo de iniciativas siempre son perfectibles, se destaca que los países han asumido esta responsabilidad de manera proactiva desde hace varios años.
Las instituciones vienen actualizando sus Códigos de Justicia y Reglamentos Disciplinarios para ajustar las penas y sanciones a los términos y definiciones actuales, como puede ser el acoso o el abuso sexual. En el Código Penal Militar de El Salvador, a modo de ejemplo, se establece una pena de hasta cinco años de prisión, junto con la posible pérdida del empleo al superior que agreda a un subordinado. En Ecuador, se considera una falta grave cuando se incurre en acciones de acoso laboral contra personal militar u servidores de la institución. Además, establece que aquellos que hayan sido testigos de violencia de género tienen la obligación de denunciarlo.[9]
También funcionan Unidades/oficinas de género en las unidades militares o establecimientos policiales. Ellas tienen como fin ser la primera línea de contención cuando se presenta una situación de inequidad de género entre el mismo personal militar o policial. Para quienes son víctimas, estos espacios dan acceso a los resortes institucionales y brindan asistencia legal, médica y psicológica. Las oficinas suelen actuar bajo distintos Protocolos de atención de acuerdo al caso. En la SEDENA de México, existe desde 2013 la Oficina de Atención y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual. Bolivia, por su parte, ofrece asistencia psicológica 24hs al personal en servicio. Muchas de estas oficinas replican su estructura (aunque de manera más acotada) en los contingentes nacionales enviados a las misiones de paz.
Muchos países tienen vigentes Planes Nacionales de Acción de la UNSCR 1325. Tales son los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Bangladesh, Sri-Lanka, Jordania y Nepal. Algunos de ellos ya van por su segunda y tercera edición; demostrando el trabajo mancomunado entre los distintos organismos del estado. Una presencia clave en el diseño ha sido la participación de las mujeres uniformadas, cosa impensada hasta hace algunas décadas atrás.
Por último, también se identifica un incremento en la participación de mujeres desplegadas en operaciones de paz. Según las premisas de la ONU, ellas añaden un enfoque holístico en los entornos cada vez mas complejos y cambiantes donde se despliegan.[10] En los países pertenecientes al Sur Global, los números de participación vienen aumentado de manera progresiva y sostenida. De hecho, LATAM destaca por superar las metas pautadas ante la ONU.[11] Países como la India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri-Lanka llevan la delantera especialmente con el envío de unidades femeninas de Policía Formada, iniciativas que le han valido de gran reconocimiento internacional.
Estas líneas exponen, que, a grandes rasgos en una buena parte del Sur Global, nada de lo mencionado hasta aquí existía abiertamente antes del año 2000. Puede afirmarse, que el debate y el tratamiento de elementos clave de la agenda MPS ha sido acompañado con el trabajo y compromiso de organizaciones de la sociedad civil. En el ámbito de la defensa y seguridad, ellas demuestran ser un actor clave a la hora de traducir a las fuerzas como aplicar la UNSCR 1325 en sus respectivos niveles estratégico, táctico y operacional. De manera similar, el trabajo cercano de la ONU con los países, también contribuye a movilizar el andamiaje político para efectuar las reformas necesarias. Los impulsos provenientes de distintos espacios, demuestran que, a 25 años de esta Resolución emblemática, el Sur Global aparece como una región capaz de crear y sostener puentes, promover el debate dentro del espacio público, vincular actores, diseminar conocimiento, compartir experiencias, identificar logros y desafíos. En otras palabras: la región es capaz de colaborar desde una mirada multidimensional gracias a su crisol de realidades; esto en si mismo, ya constituye una buena práctica que puede ser replicada.
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Este articulo está basado en el Informe Prácticas y progresos en la atención del acoso y abuso sexual en instituciones de seguridad en países del sur global en marco del Proyecto de Investigación Mujeres en OMP: apoyo a entornos inclusivos a través de la colaboración interregional y el compromiso a nivel nacional con el sostén de Global Affairs Canada. Información disponible en https://www.resdal.org/esp/
[1] República Oriental del Uruguay, 35 años de institucionalidad de género, https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/comunicados/35-anos-institucionalidad-genero.
Naciones Unidas, Actividades de promoción realizadas por personalidades destacadas en el nuevo milenio, https://www.un.org/es/events/pastevents/advocates/bios.shtml
[2] The News on Sunday, The promise of protection, 16/07/2023. https://www.thenews.com.pk/tns/detail/1090855-the-promise-of-protection
[3] República de Colombia, Ley contra el Acoso Laboral Nº 1.010, 23/01/2006.
[4] República de Ecuador, Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, 16/05/2024.
[5] República de Perú, Ley Nº 27.942, 26/02/2003. Republica Federativa de Brasil, Ley Nº 13.718, 24/09/2018.
[6] República de la India, Código Penal, 2013.
[7] Suelen llamarse Observatorios de Violencia de Género.
[8] Jordan UN Women, Gender Mainstreaming Strategy for Jordan Armed Forces- Arab Army 2021-2024, https://jordan.unwomen.org
[9] República de El Salvador, Ley Orgánica 14/2015, 15/10/2015. República de Ecuador, Ley Orgánica del Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, 24/01/2023.
[10] Naciones Unidas, Personal Militar - Papel de las mujeres militares en las operaciones de paz, https://peacekeeping.un.org
[11] RESDAL Internacional, Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, 2024.