La protesta social de octubre en Ecuador
La protesta social de octubre en Ecuador si bien fue provocada por el incremento de precios de los combustibles a consecuencia de la eliminación de subsidios, en realidad respondió a un acumulado de frustración política y exclusión económica que se arrastra por años.
Los protagonistas de estas movilizaciones, que se extendieron por cerca de dos semanas (2-13 octubre de 2019) fueron las organizaciones indígenas, campesinas, de jóvenes y sectores urbanos, tanto pobladores de barriadas populares como clase media. Si bien en un inicio fueron los transportistas, buseros y taxistas los que declararon un paro exigiendo incremento en los pasajes, éste duró apenas dos días, luego de lo cual lo abandonaron al llegar a un entendimiento con el gobierno favorable a revisar las tarifas. Pero el paro continuó y se fue convirtiendo en un levantamiento que tuvo como escenario principal a Quito a donde confluyeron, además de sus pobladores, otros provenientes de la sierra andina y la Amazonía. Pero la protesta no fue solo en la capital, se efectuó también en varias ciudades y en el campo, en donde la presencia de población indígena es importante. En Guayaquil y las ciudades de la costa, la protesta también fue importante, aunque de menor magnitud.
Luego de varios días de paralización y enfrentamientos en buena parte del país, en donde se registraron al menos 11 muertes, el gobierno de Moreno y los representantes de la protesta se sentaron a dialogar públicamente y luego de varias horas de una reunión televisada ante todo el país acordaron la desmovilización, puesto que el gobierno decidió derogar el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles y reemplazarlo por otro que focalizase los mismos entre los más pobres, decreto que hasta ahora el gobierno no lo ha emitido. Algunos sectores indígenas dijeron que levantaron la protesta porque si continuaba se caía el gobierno de Moreno y que ellos no estaban por esa opción, sino por una agenda que, tal como lo explicó Marlon Santi, Presidente de Pachakutik, “no era hacer un golpe; pero sí cambios trascendentales en los programas sociales, en la política públicas”,(“Octubre”, pág. 34. Editorial El árbol de papel, 2020. Quito-Ecuador).
Fue el incremento de los precios de los combustibles lo que determinó la protesta social, pero las protestas respondieron a factores más profundos, acumulados durante años. Pasamos a reseñar algunos a continuación.
1. A partir de 2014, Ecuador dio muestras de ser un país muy vulnerable a consecuencia de depender excesivamente en sus ingresos de los precios del barril de petróleo. A partir de ese año sus precios empezaron a descender y hasta 2020 no recuperan los niveles de precios anteriores. A ello se sumó el excesivo endeudamiento público, principalmente con China, que exigió pagos imposibles que fueron financiados con nuevos créditos, tarea que se inició en el gobierno de Correa pero que con Moreno alcanzó niveles mayores. El pago de la deuda se volvió tan pesado que el gobierno de Moreno suscribió un acuerdo con el Fmi en donde este organismo se comprometió a desembolsar más de $ 10 mil millones de dólares en tres años, a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones entre las que están: una drástica reducción de la inversión pública (que ya operaba desde el 2016), el despido de miles de empleados públicos (hasta fines del 2019 fueron más de 30 mil, que representan un poco más del 6% del total más el 2% de contratos no renovados), la eliminación de los subsidios a los combustibles y la privatización de algunos activos del Estado (centrales hidroeléctricas, pozos petroleros, telecomunicaciones), entre otras. Medidas aún en carpeta puesto que aún no se ejecutan. La reducción del gasto público, luego de una década en donde el principal inversor fue el Estado, provocó una contracción importante del mercado, una caída de la demanda y un decrecimiento de la economía que para 2019 fue del 0,2%. Muchos de los recursos que anteriormente se destinaban a inversión pública ahora se destinan al pago de deuda. Aunque el gobierno atribuye la contracción económica a las protestas de octubre, lo real es que una reducción del 30% en el gasto público lo único que ha provocado es recesión. En el año 2016, aún con Correa como Presidente, la contracción de la economía fue del 1,2%. Para el año 2020 las predicciones, antes del coronavirus, eran que la economía crecería en un 0,7%, pero con los recortes de gasto de China y la caída de los precios del petróleo el panorama es aún peor. Todo esto en el marco de un país que cumplió en enero 20 años de dolarización, en donde sus ingresos dependen predominantemente de sus exportaciones y sus costos se encarecen permanentemente puesto que sus vecinos y competidores devalúan continuamente sus monedas nacionales, lo que hace que Ecuador pierda en competitividad.
2. Muchos de los créditos fueron contraídos durante el gobierno de Correa para financiar obras de infraestructura como carreteras, centrales hidroeléctricas, refinerías, aeropuertos, edificios públicos, hospitales, unidades educativas, que si bien modernizaron el país en algunos casos fueron mal hechas, otras no fueron concluidas e incluso no se llegaron a realizar, por lo que hasta hoy no rinden los beneficios esperados (refinería del Pacífico, central hidroeléctrica Coca-Codo-Sincler) o están subutilizadas porque no se realizaron adecuados estudios de demanda (aeropuertos de Santa Rosa, Tena). Muchas de esas obras se contrataron “a dedo”, es decir sin los debidos concursos de ofertas, por lo que tienen grandes sobreprecios que de a poco han ido develando una red de corrupción transnacional de grandes proporciones en las que están involucrados altos funcionarios del anterior gobierno y de grandes empresas privadas extranjeras como la brasileña Odebrecht, empresas chinas e innumerables empresas nacionales, quienes a cambio de contratos sobredimensionados hacían generosas contribuciones y sobornos al movimiento Alianza País del entonces Presidente Correa y a su altos dirigentes y funcionarios del Estado. Dado que el actual gobierno es una consecuencia del anterior (los dos presidentes fueron del mismo partido), existen sospechas de que algunos altos funcionarios de esta administración formaron parte de esos negociados ilícitos. La pregunta que se hacen muchos es: ¿por qué el país se endeudó tanto, si durante el período entre 2005 y 2014 se vivió un auge petrolero similar al de la década de los Setenta? La respuesta es que muchas de esas grandes obras de infraestructura se financiaron con créditos externos de China y Brasil atados a fuentes de financiamiento y empresas constructoras de esos países que fueron contratadas a dedo, porque se trataba de convenios entre países que no requerían de concursos públicos. De ahí los enormes sobreprecios y las tramas de corrupción de empresas como Odebrecht.
3. A fines del siglo anterior se produjo en Ecuador uno de los mayores saqueos de las finanzas públicas a través del denominado “feriado bancario”, que significó que el Estado y por tanto el pueblo asumieran la devolución de los depósitos que los ecuatorianos tenían en los bancos y que fueron enviados al exterior por banqueros inescrupulosos que fugaron del país. A consecuencia de dicho proceso el país se “dolarizó” y perdió su propia moneda. Desde entonces, los ecuatorianos han buscado insistentemente nuevas opciones políticas por fuera de los partidos tradicionales. Inicialmente en el año 2002 se eligió a un militar retirado, Lucio Gutiérrez, que había protagonizado en el año 2000 un levantamiento militar indígena-popular que derrocó al gobierno de Jamil Mahuad, responsable del mencionado “feriado bancario”. Gutiérrez fue luego candidatizado por una alianza de izquierda de la que formaba parte Pachakutik, movimiento político auspiciado por las organizaciones indígenas; ganó las elecciones y abrió expectativas de cambio que luego se vieron frustradas puesto que, una vez ganadas las elecciones, declaró a su gobierno como el mejor amigo del gobierno de Estados Unidos, entonces de Bush hijo, con lo que traicionó a sus aliados y sus postulados. Ese gobierno fue derrocado dos años después de su elección (2005) por una revuelta popular. Dicha experiencia constituyó una gran frustración política de los ecuatorianos en el siglo XXI.
4. Posteriormente en el año 2006 nuevamente la mayoría de ecuatorianos decidió apoyar a otro candidato auspiciado por varios partidos de izquierda, Rafael Correa, quien ganó las elecciones con un programa progresista, modernizador, latinoamericanista y ciudadano, cuya aspiración era erradicar a la vieja partidocracia, los partidos políticos tradicionales y su forma tradicional de hacer política de espaldas al pueblo. Las expectativas levantadas por el nuevo gobierno fueron grandes, por tratarse de un líder joven, carismático y con discurso renovador, que logró adherir a varios movimientos sociales que durante décadas venían luchando por sus derechos. Jóvenes, mujeres, ecologistas, cristianos de base, empresarios y profesionales progresistas, incluso exguerrilleros, entre otros, se sumaron y lograron tener una importante representación en la Asamblea Constituyente, que en el 2008 expidió una nueva Constitución la cual, entre otras cosas, reconocía derechos a la naturaleza. Se trató de una Constitución garantista en derechos, pero que desde un inicio dejó en evidencia contradicciones entre los derechos defendidos por los grupos mencionados e intereses de grupos económicos poderosos que tenían importante influencia en el nuevo gobierno. La nueva Constitución fue aprobada mayoritariamente por los ecuatorianos (cerca 70%) y parecía representar el inició de una nueva época. El país cambio en varios aspectos: se redujo la pobreza y la extrema pobreza, se modernizó con grandes obras de infraestructura, se incrementó la inversión pública en salud, educación e inclusión social, miles de ecuatorianos salieron al exterior becados para estudiar en universidades de alto nivel, además el país logró una mayor visibilidad y presencia internacional.(Vale mencionar que en 2020 la pobreza afecta al 43% en los hogares indígenas en la región según el Banco Mundial, citado por La Comuna, en “Octubre”, pág. 6. Editorial El árbol de papel, 2020. Quito-Ecuador.)
5. Un factor a tener en cuenta es que la revolución ciudadana impulsada por su líder y movimiento empezó a entrar en conflicto con varios de los sectores sociales que respaldaron su elección y que tuvieron un papel activo en la formulación de la Constitución aprobada. Indígenas, feministas, ecologistas y sectores democráticos, entre otros, empezaron a dudar del gobierno y tomaron distancia, al punto de que muchos de ellos pasaron a la oposición. Tesis como la defensa de la naturaleza de a poco fueron abandonadas, como en el caso de la reserva ecológica Yasuní: el gobierno de Correa propuso inicialmente dejar el petróleo bajo tierra a cambio de crear un fondo aportado por los interesados en conservar esa reserva natural en la Amazonía. Esa propuesta fue posteriormente desechada y el gobierno inició su explotación. Tampoco se respetaron varios de los mandatos constitucionales, lo que provocó la reacción de sus defensores a quienes el gobierno de Correa persiguió y encarceló, mostrando una cara represiva, intolerante y antidemocrática. Igual suerte corrieron grupos indígenas, campesinos que se opusieron a las concesiones mineras y otros sectores como maestros, jóvenes, estudiantes que se opusieron en su momento a determinadas políticas. Feministas y otros también fueron víctimas de denigración pública y persecución cuando levantaron tesis a favor de la legalización del aborto, la diversidad de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo entre otras reivindicaciones, lo que daba cuenta de concepciones muy conservadoras de Correa y su gobierno. En ese marco, la lucha social y sus protagonistas fueron judicializados puesto que persiguió y encarceló a luchadores sociales y líderes de organizaciones de la sociedad civil, a quienes el gobierno acusó de izquierda infantil e incluso de terroristas por oponerse en las calles a varias de sus políticas.
6. Si bien durante el gobierno de Correa se redujeron la pobreza y la extrema pobreza y mejoró la distribución del ingreso vista desde el índice de Gini, cabe indicar también que los grupos económicos más poderosos vieron crecer sus utilidades y se enriquecieron más que en años anteriores. El auge económico de Ecuador y la región sustentado en la revalorización de los commodities en el mercado mundial puso en evidencia que los logros en reducción de pobreza respondieron más a un incremento de los ingresos que a políticas redistributivas. Por supuesto que se adoptaron políticas, principalmente en el campo social, que contribuyeron a sacar de la pobreza a millones de personas y se construyó una infraestructura que cambió las condiciones de vida de la sociedad: son logros que no pueden dejar de ser reconocidos, pero que se vieron trastocados con la reducción de precios de los commodities a partir del año 2014 y por el excesivo endeudamiento y los consiguientes sobreprecios en los contratos de las obras contratadas, que no dejaron recursos para afrontar la crisis en épocas de depresión. Ahora el país paga muy duro esas falencias, particularmente los más pobres, quienes han vuelto a la pobreza por la recesión, los despidos, y también la clase media, principalmente los jóvenes quienes sufren desempleo y ausencia de oportunidades, a pesar de contar con una mayor formación profesional .
7. A manera de conclusiones se podría decir que más, allá del incremento del precio de los combustibles, el levantamiento social de octubre expresa la vigencia de un modelo de sociedad que va llegando a sus límites y que demanda cambios mucho más profundos, que contengan la cada vez mayor concentración de la riqueza en pocas manos, la cual va dejando fuera del sistema a millones de personas principalmente jóvenes, que no tienen cabida en el mercado laboral formal. La democracia representativa vigente en nuestro país va llegando a su límite, puesto que la escena de lo político es copada por los grandes grupos de poder que han convertido a la democracia en un espacio más del mercado, en donde los que más invierten comprando políticos e implementando campañas manipuladoras de marketing, ganan las elecciones. Lo público ha dejado de estar presente en el Estado y se hace indispensable recuperarlo desde la sociedad, las organizaciones y las comunidades. Si bien en Ecuador el gobierno de Moreno tuvo la posibilidad de parar la protesta social mediante un acuerdo con sus representantes, esa posibilidad no está presente en otras protestas sociales como las de Chile, Colombia y Francia, porque quienes participan en esas protestas no tienen representantes y el Estado y sus gobiernos no pueden negociar dado que no hay un interlocutor, hay millones. Ello exige cambios en la democracia a fin de que ésta sea menos representativa, creando medios directos de participación en las decisiones, lo que parece incompatible con los Estados nacionales. De ahí la importancia de democratizar más el Estado, dando mayor poder de decisión a lo local y regional. Un último aspecto hace relación al deterioro ambiental, expresado ahora en el cambio climático y sus efectos: inundaciones, sequías, incendios, tsunamis, todas destructoras de vida en gran magnitud, no solo humana sino de todas las especies, y ahora más recientemente pandemias globales de difícil control. Cambio climático que tiene responsables a consecuencia de la cultura del consumo, de la producción en serie y el crecimiento como motor del “desarrollo”, principios vigentes desde el surgimiento de la modernidad, pero que ahora se vuelven insostenibles. Todo esto da cuenta de que el Ecuador, América Latina y la humanidad del siglo XXI tienen movimientos sociales que exigen grandes cambios sociales y culturales posibles de realizarse no a través de representantes sino de manera directa y muy participativa individual y colectivamente. Cambios generales y particulares en los ámbitos específicos de cada sociedad, familia, comunidad y Estado, los que empiezan ahora pero tomarán tiempo para obtener resultados tangibles. Asistimos a un cambio de época, el que tomará varias decenas de años.